El Paquete Económico 2027 será discutido y modificado por el Congreso antes de su aprobación final.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el 8 de septiembre de 2026 a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027 México, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal. La propuesta, presentada por el secretario Édgar Amador Zamora, plantea un crecimiento del PIB de entre 1.5% y 2.5%, ingresos tributarios por 6.2 billones de pesos y recursos totales cercanos a 10.6 billones de pesos para el próximo año.
El diseño combina dos objetivos que suelen entrar en tensión: continuar la reducción gradual del déficit y, al mismo tiempo, sostener el gasto social, la inversión pública y el apoyo a sectores estratégicos. Para los directivos y dueños de empresas, la discusión no se limita a saber cuánto gastará el gobierno. También importa si Hacienda podrá cumplir sus metas de recaudación, qué actividades enfrentarán mayor fiscalización y si el presupuesto tendrá capacidad para sostener infraestructura, energía, salud y educación.
En breve
- Hacienda estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en 2027, con inflación cercana a 3%, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y una mezcla mexicana de 61.8 dólares por barril.
- La recaudación tributaria alcanzaría 6.2 billones de pesos, impulsada principalmente por aumentos previstos de 7.2% en el ISR y 10.5% en el IEPS.
- El proyecto prioriza salud, educación, programas sociales e infraestructura, pero propone recortes reales relevantes en Energía, CFE, Pemex y algunos ramos autónomos.
El supuesto central: crecer poco, recaudar más
Los Criterios Generales de Política Económica colocan a México ante un escenario de expansión moderada. El rango de crecimiento de 1.5% a 2.5% para 2027 es más optimista que el desempeño esperado para 2026, pero no describe una economía con suficiente dinamismo para resolver por sí sola las presiones presupuestarias. Hacienda apuesta a que el consumo, la inversión pública y privada y una mayor certidumbre comercial contribuirán a que el producto avance al menos alrededor de 2%.
El problema para las finanzas públicas es que una economía que crece lentamente limita la expansión natural de la base gravable. Por eso, la estrategia descansa en una mejora de la eficiencia recaudatoria, la ampliación de contribuyentes y el combate a la evasión, la elusión, las factureras y el llamado huachicol fiscal. El gobierno no propone, de momento, una reforma fiscal general ni nuevos impuestos amplios, pero sí cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta para cerrar espacios a deducciones y elevar la consistencia de la contribución empresarial con la capacidad económica de cada compañía.
El documento de Hacienda proyecta ingresos tributarios equivalentes a 15.9% del PIB, una proporción histórica según la dependencia. La meta implica que la recaudación aumente más rápido que la economía: los ingresos tributarios subirían 5.9% frente al cierre estimado de 2026, con el ISR creciendo 7.2% y el IEPS 10.5%. Para las empresas, esto anticipa una agenda de mayor trazabilidad fiscal, revisión de operaciones vinculadas, comprobantes, deducciones y comercio exterior.
Gasto: las prioridades declaradas y los ajustes visibles
El gobierno busca proteger los rubros con mayor peso político y social. Hacienda prevé más de 1.1 billones de pesos para salud y alrededor de 1.3 billones para educación. También plantea destinar 2.6% del PIB a inversión física presupuestaria, con énfasis en infraestructura, agua, conectividad y capacidad productiva.
Sin embargo, el aumento nominal del presupuesto no significa que todas las dependencias reciban más recursos en términos reales. La comparación contra 2026, descontando inflación, muestra una redistribución del gasto. De acuerdo con la revisión del Proyecto de Presupuesto reportada por El Financiero, la Secretaría de Energía tendría una reducción real de 69%, mientras que la CFE recibiría 523 mil 747 millones de pesos, una disminución real de 8.5%.
Pemex también aparece como una pieza crítica. El proyecto contempla para la empresa un gasto programable de 527 mil 121.9 millones de pesos, 1.3% menos en términos reales que lo aprobado para 2026, además de una transferencia presupuestaria por 81 mil 100 millones. Esto confirma que la petrolera seguirá requiriendo respaldo público, aunque el gobierno reduzca gradualmente algunos flujos destinados a ella.
La lectura empresarial es doble. Por un lado, la inversión pública en infraestructura puede abrir oportunidades para constructoras, proveedores industriales, empresas de logística, tecnología y servicios especializados. Por otro, los recortes en energía y empresas públicas pueden limitar proyectos, contratos o capacidad operativa en cadenas vinculadas con electricidad, combustibles y obra energética.
El margen fiscal sigue siendo estrecho
Hacienda plantea que los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubiquen en 3.9% del PIB durante 2027, por encima del 3.5% considerado en los Pre-Criterios, aunque por debajo de los niveles observados en 2024. La meta busca comunicar una trayectoria de consolidación, pero también revela que la reducción del déficit será gradual y dependerá de que los ingresos se comporten como espera el gobierno.
El riesgo principal está en la combinación de crecimiento débil, costo financiero elevado, obligaciones sociales rígidas y apoyos a empresas públicas. Si la economía crece menos de lo previsto, la recaudación por ISR, IVA e impuestos al consumo puede quedar por debajo de la meta. En ese escenario, el gobierno tendría que elegir entre recortar gasto, aumentar el endeudamiento o intensificar la fiscalización.
Ese margen reducido también tiene una dimensión crediticia. El País reportó que la propuesta llega en un contexto de desaceleración y atención de las calificadoras sobre la deuda, el crecimiento y la rigidez del gasto. La señal que observen los mercados no será únicamente el tamaño del déficit, sino la credibilidad de la ruta para reducirlo y la capacidad del gobierno para evitar subejercicios o ajustes improvisados.
Qué puede cambiar para estados, empresas y hogares
Los estados y municipios enfrentarán el presupuesto con una variable clave: su dependencia de las transferencias y participaciones federales. Si la recaudación federal participable crece menos de lo previsto, los gobiernos locales pueden recibir menos recursos disponibles para infraestructura, seguridad, salud o servicios, aun cuando el presupuesto federal aumente en términos nominales. Esta es una consecuencia posible del supuesto recaudatorio, no una reducción automática anunciada para todas las entidades.
Para las empresas, el cambio más concreto está en el frente fiscal. La propuesta apunta a una autoridad con más herramientas para revisar deducciones, operaciones simuladas, facturación y cadenas de importación. Las compañías deberán reforzar controles internos, documentación de gastos, gobierno corporativo y cumplimiento aduanero. La fiscalización puede reducir espacios de competencia desleal, pero también elevar costos administrativos para negocios formales, especialmente pequeñas y medianas empresas.
Los hogares podrían beneficiarse de la continuidad del gasto social, la inversión en servicios y una inflación proyectada cercana a 3%. No obstante, el aumento esperado del IEPS puede reflejarse en precios de productos gravados, mientras que una menor inversión o un ajuste en servicios públicos puede afectar el ingreso disponible de manera indirecta. La magnitud dependerá de la aprobación legislativa y de la ejecución presupuestaria durante 2027.
La discusión que seguirá en el Congreso
El Paquete Económico 2027 es una propuesta y todavía debe ser discutido y modificado por el Congreso. La negociación se concentrará en tres preguntas: si las metas de recaudación son realistas, qué partidas absorberán el ajuste y cómo se garantizará que la inversión anunciada se convierta en obras ejecutadas.
La apuesta de Hacienda evita una reforma fiscal de gran calado y busca obtener más ingresos mediante administración tributaria. Eso puede ser políticamente más viable, pero deja abierta la duda sobre cuánto puede recaudar el gobierno sin ampliar tasas ni crear nuevos impuestos. En términos ejecutivos, el resultado dependerá menos del tamaño nominal del presupuesto que de la calidad del gasto, la certeza regulatoria y la capacidad de convertir cada peso público en infraestructura, productividad y servicios que sostengan el crecimiento.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico y Presupuesto 2027, 8 de septiembre de 2026.
- El País México, “Sheinbaum apuesta por una mayor recaudación de impuestos y combate al huachicol fiscal en su paquete económico 2027”, 9 de septiembre de 2026.
- El País México, “México debatirá los presupuestos para 2027 en medio de una ralentización económica y en el punto de mira de las calificadoras”, 8 de septiembre de 2026.
- El Financiero, “Tijeretazo presupuestal en 2027 a Energía; Sener y CFE encabezan recortes”, 8 de septiembre de 2026.
- SHCP, Finanzas públicas y deuda pública a julio de 2026, 28 de agosto de 2026.
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