El proyecto presupuestario para 2027 reduce el monto total del Anexo 16, pero aumenta el peso de Semarnat y de los programas relacionados con agua.
El Gobierno de México entregó el 8 de septiembre de 2026 al Congreso de la Unión el proyecto del Paquete Económico 2027, que plantea reducir en alrededor de 50 mil millones de pesos el Anexo 16, destinado a recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El monto propuesto sería de 160 mil 120.9 millones de pesos, frente a cerca de 210 mil millones aprobados para 2026, aunque todavía puede modificarse durante la discusión legislativa.
La cifra agregada no cuenta toda la historia. El proyecto también eleva de aproximadamente 7 mil millones a cerca de 49 mil millones de pesos la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de ese anexo. El incremento se relaciona principalmente con programas de agua potable, saneamiento, infraestructura hidroagrícola, suministro hídrico y protección ante inundaciones, de acuerdo con la revisión de los documentos presupuestarios y el análisis publicado por EL PAÍS México.
En breve
- El Anexo 16 pasaría de aproximadamente 210 mil millones de pesos en 2026 a 160 mil 120.9 millones en el proyecto para 2027.
- Semarnat elevaría su participación a cerca de 49 mil millones de pesos, con énfasis en agua, saneamiento, infraestructura hidroagrícola y protección ante inundaciones.
- Ferrocarriles, Sembrando Vida y Pemex concentran una parte sustancial del gasto clasificado como climático, por lo que el monto total no equivale automáticamente a gasto ambiental directo.
Una reducción nominal con un cambio profundo en la composición
El Anexo 16 es un instrumento transversal: reúne partidas de distintas dependencias y empresas públicas cuyos programas son considerados útiles para la adaptación o la mitigación climática. Por eso, su total no corresponde exclusivamente al presupuesto de Semarnat ni a proyectos ambientales en sentido estricto.
En la propuesta para 2027, alrededor de 54 mil millones de pesos estarían vinculados con infraestructura ferroviaria. Otros 40 mil millones corresponderían a Sembrando Vida y cerca de 10 mil millones a Pemex, según el análisis de los documentos presentado por EL PAÍS. En conjunto, estas partidas representan una proporción relevante del anexo, aunque sus objetivos principales también incluyen transporte, desarrollo rural, producción energética e infraestructura económica.
Esta clasificación tiene implicaciones para la lectura empresarial del presupuesto. Una obra ferroviaria puede contribuir a cambiar patrones de movilidad o reducir emisiones en determinados escenarios, pero el monto asignado no significa que todo el gasto esté destinado a descarbonización. Del mismo modo, un programa productivo rural puede tener componentes de restauración o adaptación, pero sus resultados climáticos dependen de su diseño, ejecución, medición y permanencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha utilizado anexos transversales para identificar programas que contribuyen a objetivos específicos de política pública. En el caso climático, el reto consiste en distinguir entre el presupuesto etiquetado, el gasto efectivamente ejercido y el impacto verificable sobre emisiones, resiliencia, disponibilidad de agua o reducción de riesgos.
Semarnat gana peso, pero eso no equivale a un aumento general del gasto ambiental
El salto de Semarnat dentro del Anexo 16 es uno de los movimientos más relevantes del proyecto. La dependencia pasaría de alrededor de 7 mil millones de pesos en 2026 a cerca de 49 mil millones en 2027, un aumento que modifica la distribución interna del gasto aunque el total del anexo disminuya.
La mayor parte del incremento estaría asociada con servicios de operación y suministro hídrico; gestión integral y sustentable del agua; infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como apoyo a infraestructura hidroagrícola. El proyecto presupuestario también contempla recursos relacionados con tecnificación y protección ante inundaciones, de acuerdo con las categorías de programas identificadas por Hacienda.
Para estados, municipios y empresas, el cambio puede ser más importante que el total agregado. El agua es un factor crítico para parques industriales, ciudades, agricultura, generación eléctrica, minería, manufactura y cadenas de suministro. Sin embargo, el efecto real dependerá de qué proyectos reciban recursos, en qué regiones se ejecuten, qué reglas de operación se aprueben y qué capacidad tengan los gobiernos locales para aportar recursos y mantener la infraestructura.
También será necesario revisar cuánto de ese aumento corresponde a inversión nueva y cuánto a operación, mantenimiento o reclasificación presupuestaria. La diferencia es relevante: construir o rehabilitar infraestructura puede ampliar la capacidad de adaptación, mientras que financiar servicios existentes puede evitar un deterioro, pero no necesariamente aumenta la resiliencia del sistema.
El presupuesto climático y el riesgo para las empresas
La reducción propuesta llega en un contexto en el que el cambio climático ya afecta decisiones de inversión, continuidad operativa y costos de aseguramiento. Sequías, inundaciones, olas de calor y daños a infraestructura pueden interrumpir el suministro de agua, electricidad, transporte y materias primas.
Para los directivos, el dato central no debería ser únicamente cuánto dinero aparece en el Anexo 16. También importa saber si el gasto público fortalece los activos de los que depende la actividad privada: redes de agua, drenaje, presas, carreteras, vías férreas, protección costera, sistemas de alerta y servicios de emergencia.
Una menor asignación agregada puede aumentar la presión sobre gobiernos estatales, municipios y compañías para financiar medidas de adaptación con recursos propios. Eso puede traducirse en mayores necesidades de inversión en redundancia operativa, almacenamiento de agua, eficiencia energética, seguros paramétricos, continuidad de negocio y evaluación de riesgos físicos.
Al mismo tiempo, la mayor concentración de recursos en agua puede abrir oportunidades para proveedores de ingeniería, tratamiento, medición, digitalización, mantenimiento y gestión de infraestructura. Para aprovecharlas, las empresas tendrán que seguir el calendario de aprobación del Presupuesto de Egresos, las reglas de operación y las licitaciones, no sólo el monto anunciado en septiembre.
Mitigación, adaptación y biodiversidad no avanzan al mismo ritmo
El proyecto también obliga a separar tres agendas que suelen mezclarse: reducir emisiones, adaptarse a los impactos inevitables y proteger ecosistemas. Un peso dirigido a saneamiento o protección contra inundaciones puede mejorar la adaptación, pero no necesariamente reduce emisiones. Una inversión ferroviaria puede tener beneficios potenciales de mitigación, aunque también debe evaluarse por su huella de construcción, uso de suelo y operación.
La biodiversidad enfrenta un desafío adicional. Los programas de conservación, protección forestal, restauración de ecosistemas y áreas naturales protegidas requieren continuidad presupuestaria y capacidades técnicas. Si el gasto se concentra en infraestructura hídrica o transporte, el análisis legislativo deberá verificar que no se debiliten las partidas destinadas a vigilancia ambiental, restauración, prevención de incendios y protección de especies prioritarias.
El Gobierno de México aprobó en 2026 el Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030, que busca convertir los compromisos climáticos en metas, acciones, presupuesto e indicadores verificables. La coherencia entre ese programa y el Paquete Económico 2027 será uno de los puntos que deberán revisar el Congreso, los órganos fiscalizadores y la sociedad civil.
Qué deberán vigilar el Congreso y el sector privado
La discusión presupuestaria debería centrarse en cinco preguntas. La primera es cuánto del Anexo 16 corresponde a mitigación y cuánto a adaptación. La segunda, qué partidas tienen indicadores de resultados y cuáles sólo reportan una vinculación temática. La tercera, qué programas recibirán recursos adicionales reales y cuáles aparecen por una reclasificación administrativa.
La cuarta pregunta es territorial: en qué estados se ejecutará el gasto y si coincide con las zonas de mayor exposición a sequías, inundaciones, huracanes, incendios y estrés hídrico. La quinta es financiera: cuánto costará mantener la infraestructura una vez terminada y quién asumirá esa responsabilidad.
El proyecto todavía no es el presupuesto definitivo. Las Cámaras deberán discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2027, por lo que los montos y la distribución pueden cambiar. Aun así, la propuesta ya ofrece una señal clara: el Gobierno federal busca concentrar una mayor proporción del gasto climático contabilizado en Semarnat y en proyectos de agua, mientras reduce el total transversal y mantiene dentro del anexo programas de infraestructura, energía y desarrollo social.
Para las empresas, la lectura práctica es que el presupuesto climático México 2027 no debe evaluarse por una sola cifra. La prioridad será identificar qué recursos llegan realmente a los sistemas que sostienen la operación económica y qué tan medibles son sus beneficios ambientales y de resiliencia.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico 2027. Proyecto entregado al Congreso el 8 de septiembre de 2026.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, incluido el Anexo 16.
- EL PAÍS México, análisis del presupuesto para cambio climático, 10 de septiembre de 2026.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030.
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