El Paquete Económico 2027 propone elevar la recaudación mediante fiscalización, formalidad y controles digitales.
El Gobierno federal presentó el Paquete Económico 2027 el 8 de septiembre de 2026 ante el Congreso de la Unión, con una previsión de crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5%, Requerimientos Financieros del Sector Público equivalentes a 3.9% del PIB y una estrategia de recaudación basada en mayor fiscalización, ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y digitalización de operaciones. La propuesta fue entregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados y al Senado, pero sus medidas todavía deben ser discutidas, modificadas y aprobadas por el Legislativo.
Para los dueños de negocios, trabajadores independientes y empresas formales, el mensaje central es doble: no se propone un incremento general de las tasas del ISR, IVA o IEPS, pero sí se plantean cambios que pueden elevar el costo administrativo de cumplir, limitar deducciones o exigir una trazabilidad más precisa de ingresos, gastos y operaciones. En otras palabras, el Gobierno busca recaudar más no necesariamente cobrando una tasa mayor a todos, sino reduciendo espacios de evasión y ampliando el número de contribuyentes incorporados al sistema.
En breve
- El paquete estima un crecimiento de 1.5% a 2.5% para 2027, inflación de 3% y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar al cierre del año.
- El RESICO ampliaría sus límites de ingresos: de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales.
- Las restricciones a deducciones, pérdidas fiscales, pagos al extranjero y operaciones digitales podrían aumentar las exigencias de documentación y control para las empresas.
Más recaudación sin una reforma fiscal general
La propuesta oficial parte de una decisión política relevante: evitar una reforma fiscal integral y sostener el discurso de que no habrá nuevos impuestos generales ni aumentos amplios a las tasas existentes. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo es combatir la evasión de quienes ya tienen obligaciones fiscales, pero no las cumplen, particularmente mediante facturas falsas, operaciones simuladas y mecanismos para reducir artificialmente la base gravable.
La Secretaría de Hacienda plantea que los ingresos tributarios crezcan 5.9% en términos reales durante 2027. El objetivo dependerá de que la autoridad convierta la información disponible en una recaudación efectiva: comprobantes fiscales, movimientos bancarios, operaciones de comercio exterior, controles volumétricos y datos de plataformas digitales.
El documento presentado al Congreso estima ingresos totales por aproximadamente 10.64 billones de pesos. Dentro de ese monto, los impuestos representarían alrededor de 6.26 billones de pesos; el ISR aportaría cerca de 3.29 billones, el IVA 1.77 billones y el IEPS 828 mil millones de pesos. Estas cifras son metas presupuestarias, no ingresos garantizados, y dependerán de la actividad económica, el cumplimiento de los contribuyentes y la aprobación final de las disposiciones.
RESICO: una puerta más amplia para la formalidad
Uno de los cambios con mayor impacto potencial para micronegocios, profesionistas y empresas pequeñas es la propuesta de ampliar los límites de ingresos del RESICO. Para personas físicas, el umbral subiría de 3.5 millones a 5 millones de pesos anuales. Para personas morales, pasaría de 35 millones a 50 millones.
La ampliación podría beneficiar a negocios que crecieron y que, bajo los límites actuales, enfrentan la salida del régimen simplificado. Restaurantes familiares, comercios, talleres, despachos profesionales y prestadores de servicios tendrían más margen para permanecer en un esquema diseñado para simplificar el cálculo y el pago del impuesto.
Sin embargo, la medida no elimina la necesidad de llevar controles contables y fiscales. Una persona física que se incorpore o permanezca en RESICO tendrá que cuidar la emisión de comprobantes, la conciliación de ingresos y los depósitos recibidos. Para una empresa, el atractivo de un régimen simplificado también deberá compararse con sus costos reales, su estructura de gastos, sus inversiones y la posibilidad de que sus deducciones sean más valiosas bajo el régimen general.
La decisión empresarial no debería reducirse a preguntar qué régimen paga menos en el corto plazo. También será necesario evaluar el crecimiento esperado, los márgenes, el uso de financiamiento, las inversiones y la relación con clientes corporativos que exigen documentación fiscal completa.
El punto de mayor presión: deducciones y pérdidas fiscales
La iniciativa propone nuevas limitaciones para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. Entre los cambios se plantea que determinadas deducciones no puedan aprovecharse plenamente en el ejercicio en que se generan y que las pérdidas fiscales sólo puedan disminuirse hasta por 50% de la utilidad fiscal de cada ejercicio, una vez aplicadas las limitaciones correspondientes.
También se propone reducir de 30% a 20% el límite para deducir intereses netos respecto de la utilidad fiscal ajustada. El efecto puede ser relevante para empresas con deuda, proyectos intensivos en capital o estructuras de financiamiento que dependan de intereses deducibles para mantener su carga fiscal bajo control.
Para los directivos, esto vuelve indispensable actualizar las proyecciones de flujo de efectivo y de impuestos. Una deducción que se difiere o una pérdida que sólo puede aplicarse parcialmente no necesariamente representa un impuesto nuevo en la ley, pero sí puede adelantar pagos al fisco y modificar la disponibilidad de efectivo.
La propuesta también condiciona con mayor precisión la deducibilidad de pagos al extranjero al momento en que se pague la contraprestación y se entere la retención correspondiente. Las compañías con partes relacionadas fuera de México tendrán que revisar contratos, fechas de devengo, exigibilidad, pagos, retenciones y evidencia documental.
Digitalización: formalizar, pero también dejar más huella
El paquete incorpora una iniciativa para expedir una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. El proyecto busca ordenar reglas sobre proveedores de servicios de pago, plataformas, billeteras digitales, fintech y otros participantes, con énfasis en seguridad, trazabilidad, interoperabilidad y supervisión.
Para los pequeños negocios, el avance de los pagos digitales puede facilitar el acceso a clientes y reducir la dependencia del efectivo. Pero también significa que una mayor proporción de las ventas quedará registrada y podrá contrastarse con las declaraciones, los comprobantes fiscales y los depósitos bancarios.
En plataformas tecnológicas se propone una retención de ISR de 2.5% para personas físicas y morales que realicen actividades empresariales mediante esos canales. En ciertos casos, cuando no se proporcione el RFC, la retención para personas morales podría subir a 20%. También se plantean reglas para la retención de 100% del IVA cobrado en determinadas operaciones vinculadas con residentes en el extranjero y cuentas ubicadas fuera de México.
Esto no significa que toda retención sea un impuesto definitivo. Para algunos contribuyentes puede funcionar como un pago provisional acreditable, pero sí puede afectar el flujo de efectivo y obligar a conciliar con mayor rapidez las ventas, comisiones, cancelaciones, devoluciones y retenciones realizadas por cada plataforma.
Combustibles y derechos: la diferencia entre no subir tasas y elevar obligaciones
Aunque el Gobierno federal sostiene que no habrá nuevos impuestos generales ni gasolinazos, el paquete sí contiene medidas sectoriales. Una de ellas propone que quienes vendan gasolina o diésel sin ser fabricantes, productores o importadores paguen IEPS sobre la diferencia positiva entre el volumen vendido y el volumen adquirido durante el mismo mes.
La disposición estaría dirigida principalmente a cerrar espacios de irregularidad y combatir el llamado huachicol fiscal. No obstante, para los participantes legítimos del mercado implicaría reforzar inventarios, controles volumétricos, comprobantes, pedimentos y conciliaciones entre compras y ventas. Si la diferencia positiva fuera gravada, el enajenante no podría trasladar el impuesto de manera separada al cliente, por lo que tendría que absorber el impacto económico.
También se proponen actualizaciones o cambios en derechos federales de servicios migratorios, financieros, sanitarios, hídricos, ferroviarios, aeronáuticos y de telecomunicaciones. Por eso, afirmar que no habrá aumento general de impuestos no equivale a decir que ningún sector enfrentará mayores cuotas, retenciones u obligaciones.
Qué deben revisar las empresas desde ahora
Mientras el Congreso analiza el paquete, las empresas pueden prepararse sin asumir que el texto será aprobado sin cambios. El primer paso es identificar si la organización podría beneficiarse de la ampliación del RESICO o si, por el contrario, quedaría expuesta a las nuevas limitaciones para grandes contribuyentes.
También conviene simular el efecto de una menor deducibilidad de intereses y de la amortización parcial de pérdidas fiscales. Las compañías con operaciones internacionales deben revisar sus calendarios de pago y retención, mientras que quienes venden mediante plataformas tienen que medir el efecto de las retenciones sobre su capital de trabajo.
Para los micronegocios, la prioridad es ordenar ingresos, gastos, facturación y cuentas bancarias. La formalidad puede abrir acceso a crédito, contratos con empresas grandes y programas de inversión, pero exige que la operación diaria sea coherente con la información reportada al SAT.
El Paquete Económico 2027 todavía no es una obligación definitiva. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos; el Senado debe resolverla a más tardar el 31 de octubre y el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente a los diputados, con fecha límite del 15 de noviembre. El contenido final podría incorporar cambios técnicos, reglas transitorias o ajustes a las propuestas fiscales.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico 2027, presentado el 8 de septiembre de 2026.
- Canal del Congreso, recepción del Paquete Económico 2027, 9 de septiembre de 2026.
- PwC México, Presentación del Paquete Económico 2027, análisis técnico de las iniciativas presentadas.
- La Jornada, objetivos fiscales y de formalidad del paquete, 10 de septiembre de 2026.
About The Author
