FMI pide a México acelerar la consolidación fiscal; prevé crecimiento moderado en 2026 y 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el 2 de octubre de 2026 su misión del Artículo IV correspondiente a México y recomendó al gobierno acelerar los esfuerzos de consolidación fiscal para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente, mientras proyectó un crecimiento de 1.5% para 2026 y de 1.8% para 2027. La evaluación se realizó en México como parte de la revisión periódica que el organismo hace a sus países miembros, sin que implique un programa de financiamiento vigente para el país.

El mensaje combina reconocimiento y advertencia. El FMI considera que México ha avanzado en la reducción del déficit y conserva un sistema financiero sólido, con niveles adecuados de capital y liquidez. Sin embargo, observa que el ritmo del ajuste fiscal se moderó después de la reducción registrada en 2025 y que las metas presupuestarias actuales podrían no ser suficientes para estabilizar y reducir la deuda en el mediano plazo.

Para dueños de empresas y directivos, el debate no es únicamente contable. La velocidad con la que el gobierno reduzca sus requerimientos de financiamiento influirá en el espacio disponible para infraestructura, salud, seguridad, inversión pública y apoyos sociales, pero también en la percepción de riesgo del país y en el costo al que empresas y gobierno pueden obtener recursos.

En breve

Crecimiento: el FMI prevé una expansión de 1.5% para México en 2026 y de 1.8% en 2027, una recuperación moderada y todavía limitada por la incertidumbre externa.
Finanzas públicas: el organismo pide mayores esfuerzos para que la deuda deje de aumentar como proporción del producto y recomienda identificar medidas fiscales desde ahora.
Decisión soberana: las recomendaciones del FMI no son una orden ni sustituyen al Congreso o al gobierno mexicano; la definición de impuestos, gasto y deuda corresponde a las autoridades nacionales.

La tensión entre deuda y crecimiento

La consolidación fiscal consiste en reducir la brecha entre ingresos y gastos públicos, ya sea mediante una menor expansión del gasto, mayores ingresos tributarios o una combinación de ambos. El objetivo no es necesariamente recortar todos los programas, sino evitar que el déficit y el costo de la deuda crezcan más rápido que la capacidad de la economía para generar ingresos.

La declaración del personal técnico del FMI señala que México necesita esfuerzos adicionales para fortalecer las finanzas públicas y recuperar margen de maniobra fiscal. En términos prácticos, ese margen funciona como un colchón: permite responder a una recesión, una emergencia natural, una caída de exportaciones o un choque financiero sin tener que aumentar abruptamente los impuestos o el endeudamiento.

El problema es que un ajuste demasiado rápido también puede debilitar la actividad. Si la reducción del déficit se concentra en inversión pública, mantenimiento de infraestructura o compras gubernamentales, puede disminuir la demanda de corto plazo y afectar la productividad futura. Por eso el organismo plantea una consolidación que preserve el gasto social esencial y las inversiones públicas que contribuyan al crecimiento.

La Secretaría de Hacienda ha defendido precisamente una ruta gradual. De acuerdo con la cobertura de La Jornada, el Paquete Económico 2027 busca reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público mediante una estrategia multianual, sin afectar la inversión productiva ni los programas sociales prioritarios.

Déficit, deuda y definiciones que importan

Una parte relevante del debate está en distinguir entre déficit, requerimientos de financiamiento y deuda acumulada. El déficit muestra cuánto más gasta el sector público respecto de sus ingresos en un periodo. Los Requerimientos Financieros del Sector Público amplían esa medición e incluyen operaciones que no siempre aparecen en el balance presupuestario tradicional. La deuda, en cambio, refleja el saldo acumulado de obligaciones y activos financieros.

Hacienda prevé para 2027 Requerimientos Financieros del Sector Público equivalentes a 3.5% del PIB y un Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público de 55% del PIB, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica publicados para el Paquete Económico 2027. Estas cifras corresponden a la metodología y los supuestos de las autoridades mexicanas, por lo que no deben compararse mecánicamente con las estimaciones de deuda bruta utilizadas por el FMI.

La diferencia metodológica no elimina el punto central de la evaluación: aunque México conserve acceso a los mercados y una deuda considerada manejable, una trayectoria ascendente reduce la capacidad de reacción ante choques y puede presionar el costo del financiamiento. El propio FMI ya había advertido en su revisión de 2025 que las metas fiscales planteadas para los años siguientes podían elevar gradualmente la relación deuda-PIB bajo sus supuestos macroeconómicos.

Qué medidas recomienda el FMI

El organismo plantea una combinación de acciones. Por el lado del gasto, menciona una mejor focalización de los programas sociales y la eliminación progresiva de subsidios a los combustibles. Estas medidas pueden mejorar la eficiencia presupuestaria, pero tienen costos políticos y distributivos: retirar un subsidio generalizado puede elevar el precio que pagan los consumidores si no se acompaña de apoyos dirigidos a los hogares más vulnerables.

En materia de ingresos, el FMI identifica opciones como fortalecer los impuestos subnacionales sobre propiedad y vehículos, revisar el impuesto sobre la renta de personas físicas y ampliar el impuesto al carbono. También recomienda reducir la informalidad, mejorar la administración tributaria y cerrar pérdidas de recaudación. Para las empresas, esto significa que el debate fiscal podría traducirse en cambios en la carga efectiva según el sector, la entidad federativa y el tipo de activo.

Otro frente es Petróleos Mexicanos. El FMI considera importante mejorar las finanzas y la rentabilidad de las empresas públicas, debido a que sus pérdidas o necesidades de apoyo pueden convertirse en pasivos para el gobierno federal. La recomendación no equivale automáticamente a una privatización, pero sí apunta a una mayor transparencia en las transferencias, una disciplina financiera más estricta y una separación clara entre objetivos comerciales y objetivos sociales.

El organismo también ha recomendado fortalecer el marco fiscal de mediano plazo, incluyendo mecanismos para corregir desviaciones y una evaluación independiente de las proyecciones macroeconómicas. La creación de un consejo fiscal independiente aparece como una alternativa para elevar la credibilidad de las metas, aunque su adopción dependería de una decisión legislativa y política del Estado mexicano.

El crecimiento depende de más que el gasto público

La proyección de 1.5% para 2026 y 1.8% para 2027 representa una recuperación, pero no un ciclo de expansión acelerada. El FMI atribuye parte de la mejora esperada al dinamismo de las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, aunque mantiene como límite la incertidumbre externa.

Para elevar el crecimiento potencial, la misión también subraya la necesidad de cerrar brechas de infraestructura, reducir cargas regulatorias, fortalecer la seguridad jurídica y estimular la inversión privada. Esta recomendación es especialmente relevante para las empresas que evalúan instalar plantas, ampliar capacidad o trasladar operaciones a México por el fenómeno de relocalización.

Una consolidación fiscal creíble puede ayudar a reducir la prima de riesgo y sostener condiciones de financiamiento más previsibles. Pero una reducción del gasto que afecte carreteras, energía, agua, conectividad o formación de capital humano puede tener el efecto contrario sobre la productividad. La prioridad para la administración pública será demostrar que el ajuste no se basa únicamente en comprimir la inversión, sino en elevar la calidad del gasto y ampliar ingresos permanentes.

Qué deben vigilar las empresas

El próximo paso será observar cómo se incorporan las recomendaciones al proceso presupuestario y a las decisiones de política económica. Las empresas deberían seguir cuatro variables: la trayectoria de los Requerimientos Financieros del Sector Público, el costo de los intereses, la composición de la inversión pública y cualquier cambio en impuestos federales o locales.

También será importante monitorear Pemex, las asociaciones público-privadas, los proyectos de infraestructura y las reglas sectoriales. Una política fiscal más ordenada puede mejorar la confianza, pero los beneficios dependerán de que el ajuste se acompañe de certidumbre regulatoria, seguridad y ejecución efectiva de proyectos.

La evaluación del FMI, por tanto, no plantea una elección simple entre austeridad y crecimiento. El desafío consiste en reducir la vulnerabilidad financiera sin retirar los recursos que permiten ampliar la capacidad productiva. Para México, la calidad y la composición del ajuste serán tan importantes como el tamaño del déficit que se consiga reducir.