El estímulo al diésel busca contener el impacto de los energéticos sobre el transporte y la inflación.
El Gobierno de México mantendrá los estímulos fiscales a los combustibles durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2026, con la Secretaría de Hacienda absorbiendo 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al diésel, de acuerdo con el acuerdo publicado el 11 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. La medida se aplica en todo el país y ocurre en un contexto de encarecimiento internacional de los energéticos, con efectos directos para transportistas, empresas, productores agropecuarios y consumidores.
El acuerdo de Hacienda fija para el diésel un estímulo fiscal de 7.3634 pesos por litro, equivalente a 100% de la cuota del IEPS, además de un estímulo complementario de 0.1501 pesos por litro. En consecuencia, la cuota disminuida del impuesto queda en cero durante el periodo señalado. Para la gasolina regular, el estímulo sube a 51.43%, mientras que para la Premium aumenta a 45.69%.
En breve
- El estímulo estará vigente del 12 al 18 de septiembre de 2026.
- El diésel recibe un apoyo total de 7.5135 pesos por litro al sumar el estímulo principal y el complementario.
- El beneficio limita el traslado del alza internacional a los precios, pero reduce ingresos tributarios y puede presionar las finanzas de Pemex.
Qué está pagando Hacienda y qué significa
El IEPS es un impuesto que normalmente se incorpora al precio de los combustibles. Cuando Hacienda eleva el estímulo, el consumidor no necesariamente ve una reducción nominal en la estación de servicio, pero sí evita que una mayor proporción del incremento internacional llegue al precio final. La diferencia deja de cobrarse al comprador y se convierte en una menor recaudación potencial para el gobierno federal.
En el caso del diésel, el diseño es particularmente relevante porque el impuesto queda completamente cubierto por el estímulo durante una semana. Si una empresa consume 10,000 litros en ese periodo, el valor teórico del apoyo asociado al estímulo principal sería de 73,634 pesos; al sumar el estímulo complementario, la referencia asciende a 75,135 pesos. Se trata de una aproximación bruta: el ahorro efectivo depende del precio final, la estructura de facturación, el volumen comprado y la forma en que cada proveedor traslada el beneficio.
La decisión no equivale a un descuento directo entregado por Hacienda a cada consumidor. Es un mecanismo fiscal que modifica temporalmente la carga tributaria incorporada en el precio. Por eso, el resultado para empresas y familias depende de la competencia entre estaciones, de los costos logísticos y de la política comercial de cada proveedor.
El intercambio fiscal: menor inflación hoy, menor recaudación potencial
El Gobierno busca evitar un aumento abrupto de los combustibles porque el diésel y la gasolina tienen un efecto transversal sobre la economía. El diésel incide en el transporte de mercancías, la distribución urbana, el autotransporte de pasajeros, la maquinaria de construcción y diversas actividades agrícolas. Un incremento sostenido puede llegar a los costos de producción y, posteriormente, a los precios de bienes y servicios.
El costo de esta contención es que Hacienda renuncia temporalmente a cobrar una parte del IEPS. Una estimación citada por El País México, con base en cálculos de PetroIntelligence, ubica el costo mensual de la estrategia alrededor de 11,000 millones de pesos. De esa cantidad, más de 9,400 millones corresponderían a la renuncia recaudatoria por el IEPS y el resto al efecto de la contención de precios en las operaciones de Pemex.
Ese cálculo no es una cifra oficial de gasto presupuestario y no debe confundirse con una transferencia aprobada en el Presupuesto de Egresos. Es una estimación del ingreso que el sector público deja de obtener o del margen que absorbe para mantener los precios bajo control. Si se toma como referencia un mes de 11,000 millones de pesos, una semana representaría aproximadamente una cuarta parte, cerca de 2,500 millones de pesos; sin embargo, el monto real puede variar por el volumen vendido, los precios internacionales y la duración de los estímulos.
La presión fiscal se suma a un entorno en el que el Gobierno necesita sostener ingresos para financiar gasto, inversión y servicio de la deuda. El informe trimestral de Hacienda correspondiente al primer trimestre de 2026 muestra que los estímulos a combustibles son un componente identificable de la política fiscal y reporta información específica sobre el IEPS y los apoyos aplicados. La decisión de septiembre, por tanto, debe leerse como una respuesta temporal a un choque de precios, no como una fuente permanente de alivio sin costo.
Quién recibe el beneficio
Transportistas y empresas de logística
Son los beneficiarios más visibles del estímulo al diésel. Una empresa de autotransporte puede reducir el impacto inmediato del combustible sobre sus costos variables, especialmente si opera rutas largas o tiene una flota intensiva en diésel. El apoyo puede proteger márgenes, evitar aumentos inmediatos en tarifas y dar mayor previsibilidad a contratos de distribución.
Eso no significa que todo el estímulo se convierta automáticamente en utilidad. Las compañías enfrentan también costos de mantenimiento, peajes, seguros, salarios, financiamiento y refacciones. La ventaja será mayor para las empresas que compren grandes volúmenes y tengan capacidad para negociar o monitorear precios.
Productores agropecuarios
El sector agropecuario puede recibir un beneficio indirecto cuando utiliza diésel para maquinaria, bombeo, transporte de insumos o traslado de cosechas. La magnitud dependerá del tipo de actividad y de la intensidad energética. Para pequeños productores con menor consumo, el alivio por litro puede ser menos determinante que el precio de fertilizantes, electricidad, financiamiento o agua.
Consumidores y estaciones de servicio
Los consumidores se benefician si la contención evita aumentos en transporte y distribución. No obstante, el efecto no es uniforme: una menor presión sobre el combustible no garantiza que bajen los precios de alimentos o mercancías, porque intervienen otros costos y decisiones comerciales.
Las estaciones de servicio tampoco son receptoras directas del estímulo fiscal. Su operación puede verse afectada por la competencia de precios, la disponibilidad de producto y las condiciones de suministro. El reportaje de El País señala que Pemex también absorbe parte del costo cuando mantiene precios de mayoreo más bajos, lo que puede generar diferencias frente a importadores privados y presionar sus márgenes.
La decisión empresarial: aprovechar el alivio sin asumir que será permanente
Para los directivos, el dato clave no es sólo el precio observado en la estación, sino la duración del mecanismo. El acuerdo vigente termina el 18 de septiembre y Hacienda puede modificar semanalmente los porcentajes conforme cambien las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio y los precios de referencia.
Las empresas intensivas en combustible deberían separar el beneficio temporal de cualquier mejora estructural en sus costos. Conviene actualizar presupuestos con escenarios de tres niveles: continuidad del estímulo, reducción gradual y retiro acelerado. También es relevante revisar cláusulas de ajuste en contratos de transporte, políticas de compras y consumo por unidad producida.
El subsidio puede comprar tiempo para que las empresas absorban un choque externo, pero no elimina la exposición a los mercados internacionales. Si la presión energética persiste, la política pública tendrá que equilibrar tres objetivos que pueden entrar en conflicto: contener la inflación, proteger la competitividad y preservar la recaudación necesaria para sostener las finanzas públicas.
Fuentes consultadas
- Diario Oficial de la Federación, Acuerdo 137/2026 de la Secretaría de Hacienda, publicado el 11 de septiembre de 2026.
- El País México, análisis sobre los estímulos a gasolinas y diésel, 15 de septiembre de 2026.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, primer trimestre de 2026.



