El presupuesto solicitado para 2027 separa la operación del INE, el financiamiento a partidos y una reserva precautoria.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 18 de agosto de 2026, en la Ciudad de México, su anteproyecto de presupuesto para 2027 y abrió un nuevo pulso con el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. La propuesta institucional asciende a 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos para la operación ordinaria, la organización de elecciones y proyectos asociados; al sumar 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos de financiamiento público a partidos y 4 mil 736 millones 121 mil 734 pesos de presupuesto precautorio, el costo integral de la política electoral llega a 47 mil 10 millones 663 mil 461 pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el monto el 11 de septiembre y consideró que la solicitud es excesiva. Su referencia es el gasto ejercido en 2024, actualizado por la inflación acumulada en los tres años posteriores, con una estimación cercana a 37 mil millones de pesos. La decisión final, sin embargo, no corresponde al Ejecutivo: la Cámara de Diputados deberá revisar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y resolver cuánto se asigna al órgano electoral.
En breve
- Solicitud directa del INE: 31 mil 431.9 millones de pesos para operación institucional y organización electoral.
- Financiamiento a partidos: 10 mil 842.7 millones de pesos, calculados con una fórmula constitucional y legal.
- Costo integral planteado: 47 mil 10.7 millones de pesos, incluidos 4 mil 736.1 millones como reserva para una eventual consulta popular y revocación de mandato.
Qué incluye realmente el presupuesto INE 2027
La cifra de 47 mil millones de pesos no representa el gasto operativo del INE. El propio instituto separó los componentes durante la sesión en la que aprobó el anteproyecto. El primer bloque, de 14 mil 36 millones de pesos, corresponde al presupuesto base: personal, oficinas, módulos de atención ciudadana, registro electoral, fiscalización, sistemas y actividades permanentes.
El segundo bloque suma 17 mil 395 millones de pesos para la cartera institucional de proyectos. Ahí se concentran los recursos relacionados con la organización de las elecciones de 2027 y los trabajos preparatorios de procesos posteriores. El INE prevé una elección federal para renovar la Cámara de Diputados, comicios locales concurrentes en las 32 entidades federativas y tareas iniciales para las elecciones judiciales y locales que se realizarán en 2028.
La dimensión operativa también explica parte de la solicitud. El instituto estima que la Lista Nominal superará los 102 millones de personas, que se instalarán alrededor de 176 mil casillas y que será necesario contratar aproximadamente 51 mil supervisoras, supervisores, capacitadoras, capacitadores y asistentes electorales. En su argumentación, el INE sostiene que el costo de una elección no depende únicamente de los cargos en disputa, sino también del número de votantes, el territorio, las casillas y el personal requerido.
El tercer componente es el financiamiento público para partidos políticos y candidaturas independientes. En 2027 ascendería a más de 10 mil 842 millones de pesos. Esta partida no es una bolsa que el Consejo General pueda reducir o aumentar libremente: deriva de una fórmula prevista en la Constitución y en la legislación electoral, basada principalmente en el padrón electoral y en la fuerza política de cada partido.
El cuarto rubro es el presupuesto precautorio de 4 mil 736 millones de pesos. El INE lo plantea para estar en condiciones de organizar una eventual consulta popular o un proceso de revocación de mandato, en caso de que se actualicen los requisitos constitucionales y legales. Sheinbaum cuestionó que este monto se incluya en el cálculo general, al considerar que no existe certeza de que esos ejercicios vayan a realizarse.
La comparación con 2024 no es directa
El argumento presidencial parte de una comparación política y presupuestaria relevante, pero necesita separar cifras equivalentes. Para 2024, el INE aprobó originalmente un anteproyecto de 23 mil 757 millones 453 mil 846 pesos, sin incluir las prerrogativas partidistas. Después, la Cámara de Diputados aplicó un recorte y el presupuesto institucional aprobado quedó en 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos.
En contraste, los 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos solicitados para 2027 corresponden a la operación y los proyectos del INE, sin sumar el financiamiento partidista ni la reserva precautoria. Por ello, comparar los 47 mil millones de 2027 con el presupuesto institucional de 2024 mezclaría categorías distintas. La comparación más consistente es entre el gasto directo del instituto en ambos ejercicios y, posteriormente, revisar por separado las prerrogativas y el presupuesto precautorio.
El propio debate dentro del Consejo General mostró la diferencia de criterios. Algunas consejerías defendieron que 2027 tendrá obligaciones adicionales, como la concurrencia de elecciones locales y la preparación de los comicios judiciales de 2028. La consejera Carla Humphrey, en cambio, sostuvo que el monto institucional representa un incremento de 60.42 por ciento frente a 2021, cuando también hubo una elección intermedia, y de 40.81 por ciento respecto de 2024, aun cuando ese año se organizó la elección presidencial y la renovación del Congreso.
La disputa, por tanto, no se resuelve sólo con decir que el presupuesto sube o baja. La pregunta empresarial y de política pública es qué nuevas obligaciones explican la diferencia, qué gastos son temporales y cuáles permanecerán como capacidad instalada del instituto.
Quién decide cada partida
El Consejo General del INE tiene la atribución de aprobar el anteproyecto institucional y enviarlo al Poder Ejecutivo para su incorporación al paquete económico. Esa aprobación no convierte la solicitud en un gasto autorizado. El Ejecutivo presenta el proyecto de Presupuesto de Egresos y la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de examinarlo, modificarlo y aprobarlo.
En la práctica, los diputados pueden revisar los montos, aplicar reducciones y establecer condiciones presupuestarias. No obstante, cualquier ajuste debe considerar que el INE tiene responsabilidades constitucionales que no desaparecen cuando se reduce su asignación. El riesgo de una disminución sin priorización es trasladar el problema a la operación electoral, la capacitación, la instalación de casillas, la fiscalización o la actualización del padrón.
El financiamiento partidista tiene un margen de discusión distinto. Mientras la fórmula constitucional permanezca vigente, el INE debe aplicarla. Si el Congreso quiere modificar de manera estructural ese gasto, tendría que reformar el marco jurídico correspondiente, no simplemente ordenar al instituto que ignore la fórmula. El presupuesto precautorio, en cambio, es uno de los rubros con mayor espacio para la revisión legislativa porque depende de escenarios eventuales y de la interpretación sobre la probabilidad de que se active una consulta o una revocación.
El impacto para las instituciones y las finanzas públicas
Para el Gobierno federal, el presupuesto INE 2027 compite con prioridades de gasto en un entorno de austeridad y presión sobre las finanzas públicas. Para los partidos, la discusión revive el cuestionamiento sobre el costo del financiamiento público y la fórmula que lo determina. Para el instituto, el recorte puede afectar la capacidad de organizar una elección compleja justo cuando debe preparar procesos adicionales.
La salida más útil para la Cámara de Diputados será publicar una revisión rubro por rubro: distinguir gasto base, proyectos electorales, obligaciones legales, prerrogativas y reservas contingentes. También deberá precisar qué partidas son irreductibles, cuáles pueden calendarizarse y qué ahorros verificables propone el INE. Sin esa información, la discusión corre el riesgo de convertirse en una disputa de cifras entre el árbitro electoral y el gobierno.
El desenlace tendrá consecuencias más amplias que el monto aprobado. El presupuesto definirá cuánta capacidad operativa tendrá el INE para preparar las elecciones de 2027, qué nivel de financiamiento recibirán los partidos y qué margen quedará para responder a una eventual consulta o revocación. En un año electoral, la austeridad será una decisión legítima sólo si viene acompañada de prioridades claras, indicadores de desempeño y transparencia sobre los riesgos que cada recorte implica.
Fuentes consultadas
- Instituto Nacional Electoral, versión estenográfica de la sesión extraordinaria del 18 de agosto de 2026.
- Instituto Nacional Electoral, cifras del anteproyecto de presupuesto 2027.
- Instituto Nacional Electoral, presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2024.
- El Universal, declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el presupuesto solicitado por el INE.
- Cámara de Diputados, artículo 74 constitucional sobre la aprobación del Presupuesto de Egresos.
About The Author
