La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra en su fase más decisiva. El próximo 20 de julio de 2026, México y Estados Unidos se sentarán en la primera ronda bilateral de fondo desde que la revisión formal del tratado fue activada el pasado 1 de julio. Para este encuentro, la Secretaría de Economía ha definido seis prioridades que guiarán la postura negociadora de México, en lo que se perfila como uno de los procesos diplomático-comerciales más importantes de la década.
El 1 de julio de 2026 marcó un parteaguas en la historia del T-MEC. Exactamente seis años después de su entrada en vigor, los tres países socios se reunieron virtualmente para realizar la primera revisión sexenal contemplada en el artículo 34.7 del tratado. El resultado fue claro: mientras México y Canadá respaldaron una extensión automática de 16 años adicionales, Estados Unidos optó por no renovar en las condiciones actuales y activó el mecanismo de revisiones anuales previsto en el propio acuerdo. Con esta decisión, el T-MEC permanece vigente al menos hasta 2036, pero bajo un esquema de mayor escrutinio y renegociación periódica.
Las seis prioridades que México llevará a la mesa el 20 de julio son las siguientes: primero, impedir la aplicación de medidas comerciales unilaterales por parte de Estados Unidos, que en meses recientes ha utilizado aranceles sectoriales como herramienta de presión; segundo, lograr la eliminación de los aranceles al acero y al aluminio mexicano, que siguen vigentes y afectan directamente a la industria manufacturera nacional; tercero, preservar la competitividad de la industria automotriz mexicana, cuyas reglas de origen y contenido regional son objeto de disputa con Washington; cuarto, construir un marco de seguridad económica que permita proteger sectores estratégicos de México frente a restricciones unilaterales; quinto, resolver los temas bilaterales pendientes que acumulan más de tres años sin solución definitiva; y sexto, elevar la certidumbre jurídica para la inversión extranjera y nacional en México.
La agenda es ambiciosa, pero el contexto es desafiante. La administración estadounidense ha dejado claro que su prioridad es reducir el déficit comercial con México, que en 2025 alcanzó niveles históricos. Desde Washington, las presiones se centran en las reglas de contenido regional para el sector automotriz, el control del origen de componentes de fabricación china que ingresan al mercado estadounidense a través de México, y las condiciones de acceso para productores agrícolas de ambos lados de la frontera.
Para la industria mexicana, los aranceles al acero y aluminio son quizás el punto más urgente. Estos gravamenes, que se mantienen desde la primera administración de Trump, encarecen la producción de bienes manufacturados en México y reducen su competitividad frente a proveedores de terceros países. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) ha estimado que estos aranceles le cuestan al sector mexicano más de 2 mil millones de dólares anuales en competitividad perdida.
El sector automotriz, por su parte, es el corazón del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. En 2025, la industria automotriz representó alrededor del 25 por ciento de las exportaciones mexicanas totales. Las reglas de origen del T-MEC exigen que los vehículos ensamblados en la región contengan al menos 75 por ciento de componentes norteamericanos para acceder a los beneficios arancelarios del tratado. Estados Unidos busca elevar ese umbral y endurecer la definición de qué se considera contenido regional, lo que obligaría a las armadoras a ajustar sus cadenas de suministro.
México también llevará a la mesa un listado de 13 reclamos formales contra prácticas comerciales de Estados Unidos que considera violatorias del espíritu del T-MEC. Entre ellos se incluyen restricciones sanitarias a productos agroalimentarios mexicanos, medidas antidumping cuestionables y subsidios a productores estadounidenses que distorsionan la competencia justa en el mercado compartido.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sido enftico al señalar que México no negociará desde una posición de debilidad. El país cuenta con argumentos comerciales sólidos: es el primer socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio que supera el billón y medio de dólares anuales, y es un proveedor estratégico de insumos y productos finales para la economía estadounidense. Cualquier disrupción del T-MEC tendría consecuencias negativas para ambos países, aunque México sería el más vulnerable dada su mayor dependencia del mercado norteamericano.
Los analistas coinciden en que el resultado de la ronda del 20 de julio dará la pauta para el resto del proceso de revisión. Si se logra establecer una hoja de ruta clara y se alcanzan acuerdos parciales en algunos de los puntos más urgentes, la certidumbre para la inversión podría mejorar significativamente en el segundo semestre. En caso contrario, la incertidumbre continuará pesando sobre las decisiones de inversión de largo plazo, especialmente en los sectores de manufactura avanzada, energía y nearshoring.
Lo que está en juego es enorme. El T-MEC no es solo un acuerdo comercial: es la arquitectura que define la integración productiva de América del Norte y la plataforma sobre la que se sostiene buena parte del modelo de desarrollo económico de México. La mesa del 20 de julio será, en muchos sentidos, la negociación más importante que México enfrenta en la década.
