El reto de la inversión pública en CDMX será convertir presupuesto en productividad

La Ciudad de México enfrenta en 2026 una prueba de gestión más exigente que la simple aprobación de un presupuesto histórico. Los 57,911 millones de pesos previstos para inversión pública colocan a la capital como la entidad con la mayor bolsa del país, pero el beneficio económico dependerá de dos variables: qué tan rápido se conviertan esos recursos en obras funcionales y si esas obras reducen costos de transporte, agua, vivienda y operación para la población y las empresas.

El monto representa un incremento de 31.2% frente a lo aprobado para 2025 y de 55% respecto de 2024, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Sin embargo, se trata de una asignación presupuestaria, no de dinero completamente ejercido. La diferencia es relevante para los directivos: el impacto sobre productividad, empleo y demanda local aparece cuando los contratos avanzan, la infraestructura entra en operación y los servicios mejoran.

Al mismo tiempo, el poder adquisitivo capitalino se recupera, pero no de manera homogénea. El proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 señala que el salario mínimo de 2026, de 315.04 pesos diarios, todavía se encuentra por debajo del equivalente real del máximo histórico de 1976, estimado entre 322 y 342 pesos diarios actuales. La señal para el sector privado es clara: el mercado de consumo mejora, aunque persisten grupos con menor capacidad de compra y mayor exposición a la informalidad.

La cifra presupuestaria ya tiene una condición: ejecución verificable

La estructura del gasto concentra la mayor parte de la apuesta en movilidad, obras y agua. Para 2026 se asignaron 43,749 millones de pesos al sector movilidad, incluidos 25,000 millones para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la renovación de la Línea 3 y trabajos en vías, escaleras eléctricas, elevadores y estaciones. También se contemplan tres nuevas líneas de Cablebús y 3,149 millones para el Servicio de Transportes Eléctricos, que incluye la Línea 0 del Trolebús entre Chapultepec y Ciudad Universitaria.

La Secretaría de Obras dispone de 18,600 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua cuenta con 19,000 millones. En ambos casos, el efecto económico puede exceder el valor de la obra: una red de transporte más confiable reduce tiempos improductivos; una infraestructura hídrica más resiliente disminuye interrupciones para comercios e industrias; y el mantenimiento urbano puede contener costos asociados con traslados, reparaciones y pérdida de horas laborales.

El primer corte de avance trimestral de 2026 ofrece una referencia para medir la capacidad de ejecución. Entre enero y marzo, la inversión pública reportada ascendió a 12,038 millones de pesos, frente a 3,873 millones en el mismo periodo de 2025. El informe oficial describe el resultado como un aumento de alrededor de cuatro veces en la inversión pública del primer trimestre. Aun así, este dato debe leerse con cautela: parte del gasto aparece como ejercido y otra parte como comprometido, por lo que no todo equivale a obra terminada o servicio disponible.

En organismos de transporte, el Metro registró 11,834.4 millones de pesos ejercidos más comprometidos frente a un programa anual de 25,000 millones, un avance de 47.3% al cierre de marzo. El Servicio de Transportes Eléctricos alcanzó 1,653.4 millones, equivalente a 52.5% de su programa; la Red de Transporte de Pasajeros llegó a 41.4% y Metrobús a 85.9%. Estas cifras muestran una ejecución desigual: algunos proyectos avanzan con rapidez, mientras otros requieren acelerar licitaciones, supervisión técnica y liberación de pagos.

Movilidad, agua y vivienda son decisiones empresariales, no sólo obras públicas

Para los dueños y directivos, el criterio de éxito no debería limitarse al porcentaje del presupuesto ejercido. La pregunta central es si la infraestructura cambia los costos de operar en la ciudad. Un nuevo tren ligero entre Taxqueña y Xochimilco, la modernización del alumbrado del Centro Histórico, el Trolebús que conecta Ciudad Universitaria con el CETRAM Huipulco y la transformación de Calzada de Tlalpan pueden mejorar accesibilidad, pero su impacto dependerá de frecuencias, conectividad, mantenimiento y tiempos reales de traslado.

La dimensión territorial también importa. La información de Data México estima que el traslado promedio del hogar al trabajo en la capital es de 43.4 minutos y que 20.2% de la población tarda más de una hora. Aunque se trata de datos censales, ayudan a dimensionar por qué una inversión en transporte puede convertirse en productividad laboral: cada reducción sostenida en los tiempos de viaje amplía la disponibilidad efectiva de trabajo, facilita la puntualidad y puede modificar la localización de negocios y vivienda.

El mismo criterio aplica al agua y a la vivienda. La infraestructura hidráulica protege la continuidad de operaciones, mientras que una mayor oferta habitacional cerca de los centros de empleo puede reducir la presión de las rentas y los desplazamientos. El Presupuesto de Egresos 2026 contempla vivienda social, la iniciativa de rentas justas, recuperación de espacios públicos y modernización del sistema hídrico. Para el sector privado, la oportunidad está en anticipar qué corredores tendrán mejor conectividad y qué zonas podrían enfrentar mayores costos de suelo o demanda de servicios.

La recuperación del ingreso no llega igual a todos los trabajadores

El mercado laboral capitalino muestra una mejora parcial, pero también una base de riesgo para el consumo. La ENOE del cuarto trimestre de 2025 registró 4.9 millones de personas ocupadas, una tasa de informalidad laboral de 45.7% y una subocupación de 9.6%. El proyecto del Plan General de Desarrollo añade que la pobreza laboral se mantuvo alrededor de 22.35% y que la subocupación subió de 7.8% en el segundo trimestre de 2025 a 9.7% en el mismo periodo de 2026.

La brecha es más visible entre los jóvenes. El diagnóstico del plan local reporta que 50.9% de las personas ocupadas de 15 a 29 años trabajaba en la informalidad en el cuarto trimestre de 2024, por encima del resto de la población ocupada. La Secretaría de Trabajo capitalina ubicó la informalidad juvenil en 50.3% al cierre del tercer trimestre de 2025. Para las empresas, esto implica una reserva laboral amplia, pero con mayores costos de capacitación, rotación y transición hacia empleos formales.

Las mujeres enfrentan una combinación adicional de desigualdad salarial, trabajo de cuidados e informalidad. El IMCO reporta que, en promedio, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer percibe 86; además, las mujeres jóvenes presentan mayores niveles de precariedad laboral. La informalidad también amplía la diferencia: el organismo calcula una brecha salarial de 20% en ese segmento, frente a 13% en el empleo formal.

Por eso, el aumento del salario mínimo no basta para afirmar que el poder adquisitivo se recuperó de manera generalizada. El ingreso disponible también depende de si existe seguridad social, de cuánto cuesta trasladarse, del acceso a servicios de cuidado y del precio de la vivienda. Una persona con mayor salario nominal puede conservar una capacidad de compra limitada si debe destinar una proporción creciente de su ingreso a renta, transporte y cuidados.

Qué deberían vigilar los líderes durante 2026

Gobierno: publicar avances por proyecto con una separación clara entre presupuesto aprobado, gasto ejercido, recursos comprometidos, metas físicas y fecha de entrada en operación.
Empresas: actualizar sus mapas de talento y operación conforme cambien las rutas de transporte, los tiempos de traslado y la disponibilidad de vivienda cercana a los centros de trabajo.
Inversionistas: evaluar la infraestructura por su capacidad de elevar productividad y reducir interrupciones, no sólo por el tamaño de la asignación presupuestaria.
Directivos de recursos humanos: medir la formalización, la retención de jóvenes y la participación de mujeres como indicadores de competitividad, no únicamente como objetivos de cumplimiento social.

El escenario favorable es que la inversión acelere la movilidad, mejore el suministro de agua y genere empleos formales alrededor de las obras. El escenario intermedio es que el presupuesto se ejerza, pero con beneficios concentrados en ciertos corredores y sin resolver las brechas laborales. El riesgo mayor sería una ejecución tardía o fragmentada que eleve el costo de las obras sin traducirse en mejores servicios.

La Ciudad de México tiene una ventaja financiera para sostener la inversión: en 2025 reportó ingresos propios por 151,244.5 millones de pesos y una reducción real de la deuda. La siguiente etapa exige convertir esa capacidad recaudatoria en resultados visibles y medibles. Para 2026, la pregunta empresarial no será cuánto se anunció, sino cuánto tiempo y cuánto dinero ahorró la infraestructura a quienes trabajan, producen y consumen en la capital.